Compartimos el artículo que ha escrito el Dr. Ricardo Fernández Alanis, Asesor Letrado del Sindicato de Prensa de Mar del Plata e integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas delegación Mar del Plata.
En Abril de este año advertíamos que el gobierno y los sectores que le son afines buscarían profundizar el ataque a los derechos fundamentales que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras. Luego de algunos meses de relativa tranquilidad en los cuales a través de ciertos medios de comunicación el oficialismo sólo puso sus fichas en la implementación del fondo de cese laboral, la advertencia se convierte en realidad. Tanto el Presidente Milei, como el ministro de Economía Luis Caputo, afirmaron en los últimos días que el gobierno tiene la firme decisión de llevar adelante una nueva iniciativa en pos de precarizar aún más las condiciones de trabajo, descontando que para ello contarán con el respaldo político de los partidos que han apoyo sus iniciativas parlamentarias.
Como no podía ser de otra manera, el ministro de Economía lo dio a conocer en un mensaje dirigido a los empresarios en el marco del Coloquio IDEA
Luego de calificar a la legislación actual de “régimen arcaico, rígido e imprevisible”, Caputo afirmó que “esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil”.
Sin embargo, la realidad muestra que el empleo SI no crece -y por el contrario durante el último año y medio el desempleo aumentó notablemente- no es por la legislación laboral, sino por la política económica de apertura indiscriminada de importaciones (salto interanual 2024/2025 del 77,2%), altísimas tasas de interés que tornan imposible el crédito productivo, depresión del consumo interno vía despidos en la administración pública, quita de subsidios, aumentos astronómico del precio de los servicios públicos y del combustible, salarios pisados y jubilaciones de miseria, inflación persistente, y un largo etc.” Las leyes laborales no generan trabajo.
Por eso, dentro de un marco prolongado de recesión en el cual las ventas diarias de los comercios son escasas, ¿ qué empleador va a contratar nuevo personal ? Si las obras públicas y privadas se encuentran paralizadas, ¿ quién va a contratar nuevos operarios ?
De todas maneras, el Ejecutivo Nacional advierte que existe un terreno fértil para avanzar contra los derechos laborales.
Bajo el remanido pretexto de “modernizar” las relaciones laborales, término muy propio de los años 90, el oficialismo pretende imponer nuevamente una legislación que beneficie única y exclusivamente al sector empresario en desmedro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tal como sucedió con la Ley 27.742 («Ley Bases”).
Hoy se utilizan los mismos falsos argumentos empleados para promover la Ley Bases. Sin embargo, luego de más un año de su vigencia quedó en evidencia que, por más que se eliminen derechos laborales, eso no genera empleo.
Un claro ejemplo de ello fue que la eliminación de todas las indemnizaciones que sancionaban los diversos incumplimientos de los empleadores por falta o irregularidad en la registración, lejos de tener un efecto positivo en la creación de puesto de trabajo -a más de un año de la sanción de la ley Bases- en septiembre se registró un deterioro del -5,2 interanual del Indice de Producción Industrial metalúrgica, con desplomes en casi todas las provincias (Santa Fe -3,5%, Córdoba -6,2%, Mendoza -5,1%, Entre Ríos -3,2% y Buenos Aires -6,2%) y el uso de capacidad instalada más bajo desde la pandemia (58%) (Fuente: ADIMRA). Es decir que la quita de derechos indemnizatorios que favorecían a los trabajadores y trabajadoras no tuvo ningún efecto positivo en la creación de puestos de trabajo.
Todo lo contrario, como era de esperar, si tener un trabajador no registrado o deficientemente registrado no trae ninguna consecuencia, hoy los empleadores prefieren el trabajo “en negro” para evitar costos (aportes jubilatorios y de obra social, contratación de ART, pago de salario de convenio, etc) o encuadrar la relación utilizando fraudulentamente la figura del monotributo -de exponencial crecimiento estadístico-, conducta inducida incluso por las reformas de la Ley Bases que, además de derogar las indemnizaciones agravadas por empleo clandestino, introdujo modificaciones desventajosas para quien trabaja respecto de la presunción legal de existencia del contrato de trabajo y contempla la posibilidad de contratar “colaboradores” (en verdad trabajadores) sin relación de dependencia.
Otra muestra fue la prolongación del período de prueba a 6 meses que está siendo utilizado fraudulentamente por el sector patronal -especialmente los grandes supermercados- para renovar su personal cada 6 meses sin costo indemnizatorio alguno.
Pero si para el presidente Milei “los evasores son héroes” y “justicia social es una aberración” no es difícil darse cuenta en favor de quiénes dirige su política laboral y a quienes no le interesa de ninguna manera proteger.
Por eso, como se adelantó en su momento, la propuesta de flexibilización laboral del gobierno tiene su piedra basal en un proyecto de ley redactado por la diputada nacional de la “Libertad Avanza” Romina Diez, cuyo su propósito no es otro que precarizar en todo lo posible el contrato de trabajo, desde su inicio hasta su finalización.
En las elecciones del próximo domingo se renuevan a nivel nacional bancas de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. Esto quiere decir que las futuras leyes -entre ellas las referidas al trabajo- dependerán de los intereses de los legisladores que integren el Congreso a partir de diciembre próximo.
Por ello, los trabajadores y trabajadoras deben ser conscientes que para frenar este ataque sobre sus derechos laborales es necesario respaldar a aquellos candidatos que claramente muestran que representan sus intereses, descartando a los que únicamente cuidan el bolsillo del sector empresario. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, debe ser un voto en defensa propia.