Desde el Sindicato de Prensa de Mar del Plata expresamos nuestro absoluto rechazo al intolerable atropello del gobierno del presidente Macri que, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, intenta anular la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Entendemos que el acceso a la comunicación no es un privilegio de los que más tienen, sino un derecho de toda la sociedad, y que debe ser asegurado por el Estado, brindando las herramientas para que se haga efectivo el proceso de informar y ser informados.

Hemos dicho en más de una ocasión que la Comunicación puede servir, alternativamente, como vehículo de liberación de los pueblos o para profundizar su sometimiento.

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue discutida, modificada, debatida y aprobada por las dos cámaras del Congreso, surgió con el fin de cumplir la primera de esas dicotómicas posibles funciones: Fue un aporte fundamental como vehículo de liberación de nuestro pueblo en materia de la comunicación.

El burdo y violento atropello que el Jefe de Gabinete anunció esta mañana, llega, en cambio, para cumplir la segunda función, y entendemos que profundizará el sometimiento del pueblo argentino que se verá impedido de ejercer su derecho a la información.

Pero, además, este anuncio sentará un terrible precedente para la historia de nuestro país en materia de las instituciones democráticas: Todo lo que se haya discutido y aprobado de manera colectiva, puede ser anulado a través de injustificables decretos.

Esa, que es una tradicional práctica de los más repudiados regímenes autoritarios de la historia, ahora es la forma de gobernar que han elegido quienes durante años reclamaron más defensa de las instituciones. Increíblemente, fue el mismo Macri quien el 3 de octubre de 2012 aseguró: «Nuestro país tiene un enorme futuro por delante, pero lo podemos realizar si todos apostamos a defender las Instituciones».

Anular la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -que fue discutida en todo el país, aprobada por amplia mayoría del Congreso en 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema-, eliminar el AFSCA y AFTIC, crear un Ente Nacional de Comunicaciones sin ningún consenso y anunciar la discusión de otra Ley de Medios, son prácticas antidemocráticas que repudiamos y no vamos a tolerar.

La discusión sobre el derecho a la información no puede estar sometida al capricho de quienes actúan como «el dueño de la pelota» que, si no puede meter goles, se la lleva y suspende el partido.

Asimismo, vemos con preocupación las palabras del Jefe de Gabinete al explicar que la desconcentración de medios «no figura en los objetivos de la nueva normativa», ya que creemos que eso resulta fundamental para modificar la posición monopólica y dominante de los grupos hegemónicos de la comunicación audiovisual en nuestro país, que impiden el surgimiento de nuevas expresiones y -por ende- la apertura de nuevas fuentes de trabajo.

Este Sindicato de Prensa sostiene su histórica postura en defensa de una democrática Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que amplíe derechos y no que busque cercenarlos.

Por eso, rechazamos esta nueva medida antidemocrática del gobierno nacional, y expresamos nuestra profunda preocupación por el grave precedente que deja esta medida autoritaria, pensando en lo que puede pasar con otras leyes que han sido aprobadas democráticamente en el Congreso.